Eduardo Montemayor Villarreal
El 2007 fue sin duda un año difícil para Petróleos Mexicanos y más allá de colocar la agenda sobre la reforma energética en el discurso de “los traidores de la nación”, es necesario poner sobre la mesa tendencias, datos y perspectivas que califican como evidente la caída de la producción petrolera mexicana así como el carácter urgente de su situación.
Durante los últimos 12 meses el yacimiento petrolero más importante del país, Cantarell, presentó un deterioro del 21 por ciento, esto es 324 mil 872 barriles diarios. Mientras que a principios del 2004 la producción máxima en Cantarell aterrizó los 2.2 mbd, la expectativa para mediados del año que transcurre va sobre menos de un millón diario. La baja del yacimiento es pronunciada.
Pese a que mantos como Ku-Zaap-Maloob aumentaron en los últimos 12 meses su producción acorde a datos proporcionados por la Sener, éstos ni siquiera logran suavizar de manera significativa la caída de Cantarell. Con el ascenso de algunos yacimientos y el deterioro de otros a resumidas cuentas se producen 350 mil barriles diarios menos que en inicios del 2004.
La primera realidad que deberá asumir cualquier iniciativa de reforma energética está clara: el petróleo se acaba y Cantarell nunca volverá a ser aquel yacimiento que durante su esplendor ubicó a México como potencia petrolera mundial.
La gama de problemas que ocupan la infraestructura de Petróleos Mexicanos es otra realidad urgente de ser atacada por la reforma. Ya desde la gestión de Luis Ramírez Corzo la propia paraestatal advirtió la falta de recursos para el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura petrolera, en vista de los constantes accidentes registrados por las instalaciones de Veracruz.
En su momento, tanto Ramírez Corzo como Francisco Rojas acusaron entre otras cosas la crisis del sistema de ductos que presenta solamente un ocho por ciento de infraestructura en condiciones de riesgo administrable. Según los ex directores de Pemex, la situación lejos de resolverse se acentúa.
El deterioro de los yacimientos y la crisis de infraestructura son tan evidentes que el grueso de la clase política admite la urgencia de otorgarle cauce a una reforma energética durante el nuevo año de la LX Legislatura. Digo el grueso de la clase política, porque a día de hoy un sector del PRD liderado por López Obrador acusa el debate como una traición a México. En resumen, seguro habrá quienes en el Congreso de la Unión saquen vuelta al debate sin que ello necesariamente se traduzca en poner la reforma por la congeladora.
De manera frontal hacia la reforma, existen dos posturas generales para darle resolución a los principales problemas del sector petrolero. Por un lado la iniciativa de permitir inversión privada en áreas como el transporte, refinación y exploración de crudo sin perder propiedad sobre los yacimientos. Por el otro, legisladores como Javier González Garza acusan como innecesaria la participación del sector privado y recomiendan destinar más recursos para Petróleos Mexicanos.
Que el Gobierno destine más recursos para Pemex (o en efecto, que permita mayor reinversión) se antoja poco viable porque para ello es necesario encontrar otras fuentes grandes que cubran los recursos que hoy obtiene de la paraestatal. Lo dicho requiere vincular la actual reforma energética con una renovada y ambiciosa reforma fiscal que por ejemplo, dé solución a problemas palpables como la masiva evasión de impuestos, entre otros.
El otro camino, el de abrir espacios para la inversión privada en el sector energético, explícitamente encuentra apoyo en líderes del PRI y PAN aunque seguro durante las sesiones del Congreso vivirá innumerables variaciones. Algunos apoyarán la inversión en el transporte, otros rechazarán invertir en refinación y así como las sesiones avancen.
Pese lo anterior, es urgente evaluar la posibilidad de co-invertir junto al sector privado en la exploración de nuevos yacimientos, principalmente en mar profundo, tomando en cuenta lo insuficiente que resulta la tecnología de la paraestatal para encontrar mantos que contrarresten en mucho o en poco la debacle de la producción nacional de crudo.
Públicamente el debate comenzó y los legisladores carburan motores ante el tema que ocupará buena parte de la agenda política para el 2008.